Reggio’s

ECONOMÍA

El modelo español de cajas de ahorro toca a su fin. Es la crónica de una muerte anunciada, porque el sistema contenía las semillas de su autodestrucción. Desde la reforma de Fuentes Quintana, las cajas operan igual que los bancos, pero la crisis del sistema financiero español se concentra en las cajas. ¿Qué hace tan diferente una caja de un banco para que la gran mayoría de estos haya salvado la crisis y la gran mayoría de aquellas haya encallado? La respuesta es la definición de su propiedad.

El banco es una sociedad propiedad de sus accionistas. Ellos se encargan, con limitaciones inevitables (la teoría económica los llama problemas de agencia), de que los gestores no les hagan perder su propiedad; de que no inviertan su capital en proyectos de inversión ajenos al binomio rentabilidad-riesgo definido por la propiedad; y de que no se autoasignen retribuciones.

A lo largo de los últimos años, la propiedad de una caja ha sido deliberadamente confusa y difusa, más aún desde la puesta en marcha de los SIP. Y ahí está el origen de sus actuales problemas. Los gestores de muchas cajas han buscado y conseguido la connivencia con sindicatos y partidos políticos en la creación de confusión sobre la propiedad de las cajas. Así, se ha llegado a la ficción de que las cajas son, en parte, propiedad de sus empleados; en parte, también, propiedad de los municipios donde operan; y, en parte, finalmente, de las autonomías en las que tienen su domicilio social. Más aún, el nuevo marco legal da pie a que sea el Estado quien acabe apropiándose de las cajas mediante la conversión de los fondos inyectados mediante el Frob en títulos de propiedad de las entidades.

Esta ficción se ha materializado de forma paulatina e ilegítima en leyes estatales y autonómicas que, de facto, expropian el derecho al gobierno de las cajas a sus legítimos propietarios, que son sus entidades fundadoras: la Iglesia, en unos casos; las diputaciones provinciales, en otros; personas físicas, en otros más.

Esta desvinculación de los gestores de los propietarios de las cajas es el germen de su crisis. Se ha producido la tragedia que la teoría económica prevé con toda propiedad comunal. Los gestores y los representantes de sindicatos y partidos han gobernado las cajas con arreglo a sus intereses (el aeropuerto de Ciudad Real es un buen ejemplo), alejándose de una gestión ajustada al mandato de sus legítimos propietarios.

El debate sobre las cajas se limita a sus necesidades de recapitalización, a su posible conversión en bancos y a su salida a Bolsa. Pero la reforma crucial de las cajas consiste en clarificar su propiedad, atribuir inequívocamente a sus propietarios el derecho a designar los integrantes en los órganos de gobierno de la caja (o banco, si la transformación se prdoujera) y, a continuación, imponer por la vía legislativa su necesaria conversión en bancos en un plazo breve, con el fin de abrir una vía inmediata de recapitalización con fondos exclusivamente privados.

Lo óptimo es que, además, las entidades que se conviertan en bancos públicos fueran, a continuación, privatizados. Lo fundamental es someter el gobierno corporativo de las entidades privadas resultantes al control, a la disciplina y a los incentivos que proporciona el mercado.

Hay mucho capital privado nacional y extranjero que jamás invertirá en un SIP pero sí desea hacerlo en un banco resultante de la transformación de una caja. Los propietarios de las cajas pueden obtener ingresos elevados vendiendo sus títulos de propiedad en procesos de mercado transparentes y competitivos. Las cajas no pueden acabar siendo objeto de apropiación indebida, ni por el Estado ni por inversores aprovechados en connivencia con gestores sin escrúpulos.

Jaime García-Legaz es economista del Estado y secretario general de FAES.